Gertrudis señala que su hijo no debería estar en una prisión
Por La Opinión
Marzo 28/25.-Gertrudis señala que su hijo no debería estar en una prisión de máxima seguridad. (Crédito: Cortesía de Gertrudis Pineda | Cortesía)
Más de 200 venezolanos fueron deportados a El Salvador, pero sus familias señalan que no pertenecen a ninguna banda criminal
La falta de información fiable sobre su hijo Óscar – uno de los 238 venezolanos deportados de EE.UU. a la prisión de máxima seguridad en El Salvador- está llevando a Gertrudis Pineda al borde de la desesperación.
“Mi hijo fue a buscar el ‘sueño americano’ y ahora está atrapado en una pesadilla”, reclama.
Óscar vivía en Dallas, Texas. Su madre cuenta que se ganaba la vida instalando alfombras en casas y apartamentos: “Me enviaba dinero para la familia y para comprar las medicinas para su padre, que tiene diabetes”.
Ahora, Gertrudis está a 1,800 kilómetros de su hijo, en el ardiente estado de Zulia, en el oeste de Venezuela.
Madre e hijo están separados por seis fronteras y por los muros impenetrables del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador, una prisión de máxima seguridad construida para recluir a miembros de las pandillas MS-13 y Barrio 18.
El gobierno de EE.UU. acusa a los venezolanos detenidos en el Cecot de pertenecer al Tren de Aragua, una organización criminal que tiene su origen en Venezuela.
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A la mayoría de ellos, el gobierno de Donald Trump los expulsó de EE.UU. bajo el amparo de una norma de 1798 conocida como la ley del enemigo extranjero. Y lo hizo sin el debido proceso, lo que puso en conflicto al Departamento de Justicia de EE.UU. con un juez federal que ordenó el regreso de los aviones que llevaban a los venezolanos deportados a El Salvador.
Gertrudis sabía que su hijo había sido retenido por agentes del cuerpo de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés), pero esperaba que fuera enviado de regreso a Venezuela.
Se dio cuenta que, en cambio, lo habían llevado al Cecot cuando su otro hijo, que vive en Colombia, vio el nombre de su hermano en un listado difundido por televisión.
Poco después aparecieron las imágenes de 238 venezolanos a los que les cortan el pelo y los procesan después de su llegada la cárcel.
Gertrudis pudo reconocer a su hijo por un tatuaje de una rosa que tiene en su antebrazo.
“Hay tantos muchachos inocentes ahí”, se lamenta Gertrudis.
Y añade: “Ellos no han hecho nada malo, pero los tratan como animales. ¿Dónde están los derechos humanos?”.
Deportados con justificación
La Casa Blanca insiste en que los casos de aquellos que fueron deportados hacia el Cecot fueron examinados de manera apropiada.
El gobierno de EE.UU. señaló que eran miembros de una peligrosa banda criminal, aunque también aceptaron en un tribunal los documentos que probaban que muchos de ellos no tenían antecedentes criminales.
Y aunque el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dice que el Cecot es la solución al problema de las pandillas en su país, este lugar ha sido descrito por muchos activistas como “un agujero negro de los derechos humanos”.
Gerturdris se está dando cuenta que, además, es un agujero negro de información.
Ella no ha escuchado una sola palabra sobre el estado de su hijo. La última vez que lo vio, Óscar tenía la cabeza rapada, iba encadenado y vistiendo una camiseta blanca y pantalón corto.
La madre no sabe si está recibiendo el mismo trato que los prisioneros salvadoreños, de quienes se sabe no tienen permitido “ni un rato de sol”, como lo describió el propio Bukele cuando presentó su cárcel sin ventanas en las celdas y los corredores.
Las críticas sobre esta deportación de venezolanos a esta prisión de máxima seguridad están creciendo no solo en EE.UU. y Venezuela, sino también en El Salvador.
El experto salvadoreño en temas de inmigración Napoleón Campos piensa que esta medida es inconstitucional y que la Corte Suprema de Justicia salvadoreña debe actuar.
“Debería declarar que traer a estas personas a El Salvador sin que hayan cometido ningún delito en este país excede nuestros límites constitucionales”, dice Campos.
El experto anota que cada vez hay más “evidencia anecdótica” de que una porción muy significativa de los 238 deportados no tiene antecedentes criminales “ni en Venezuela, ni en EE.UU. y mucho menos en El Salvador”.
Campos cree que la idea del agujero negro de derechos humanos no solo se aplica al Cecot sino a todo el país.
“El Salvador de hoy es un profundo agujero negro de ilegalidad, de violaciones de los derechos fundamentales que están inscritos en nuestra Constitución y bajo la convención interamericana de los derechos humanos”, explica el experto.
