Por André Abeledo Fernández
Jun. 8/26.-Es difícil entender —o quizá no tanto— la presencia del Papa León XIV en el Parlamento español. Y no, el problema no es únicamente protocolario ni diplomático. El problema es político, profundamente político.
Porque aunque León XIV sea formalmente el jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano, sería ingenuo obviar que es, ante todo, el máximo líder de la Iglesia Católica. Un dirigente religioso. El representante de una confesión concreta que basa su doctrina en un dogma de fe y en la creencia de que la Biblia representa la palabra de Dios. Y eso, en una democracia moderna que se dice plural, debería marcar límites muy claros.
Un Parlamento no es una catedral. No es un espacio para ceremonias religiosas ni para la exaltación simbólica de una fe determinada. Es —o debería ser— el lugar donde se representa la soberanía popular de una sociedad diversa y plural, donde conviven creyentes y no creyentes, católicos, musulmanes, ateos, agnósticos y personas de múltiples sensibilidades ideológicas y espirituales. Precisamente por eso, la separación entre religión y Estado no es un capricho anticlerical, sino una garantía democrática básica.
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Permitir que un líder religioso intervenga en el corazón institucional del Estado es un acto de involución política y social. Una nueva demostración de que en España el laicismo sigue siendo una asignatura pendiente y de que el famoso “gobierno más progresista de la historia” tiene de izquierda bastante poco y de sistémico absolutamente todo.
Porque del PSOE ya nadie espera nada. Hace décadas que abandonó cualquier pretensión transformadora para convertirse en una pieza más del engranaje del régimen. Pero lo verdaderamente decepcionante vuelve a ser el papel de quienes todavía intentan venderse como izquierda alternativa mientras compiten desesperadamente por salir en la foto y aparentar institucionalidad.
Lo vimos con Yolanda Díaz visitando al Papa en el Vaticano en una escena cuidadosamente diseñada para el marketing político y lo volvemos a ver ahora con la presencia complaciente de SUMAR en este nuevo espectáculo institucional. Mucho discurso republicano, mucho feminismo de escaparate y mucha estética progresista, pero cuando llega la hora de defender principios básicos como la separación entre Iglesia y Estado, desaparece toda coherencia.
La izquierda que renuncia al laicismo termina renunciando también a la transformación social. Porque no se trata solo de religión; se trata de qué poderes siguen condicionando la vida política y cultural de un país. Y en España la Iglesia Católica continúa gozando de privilegios económicos, fiscales, educativos y simbólicos incompatibles con una democracia verdaderamente avanzada.
Por eso resulta tan importante destacar la coherencia de quienes sí decidieron no participar de este circo político-religioso. Tanto el BNG como Podemos entendieron que no correspondía legitimar ni la intervención papal en el Parlamento ni la imagen vergonzosa de una misa en el hemiciclo donde debería representarse únicamente la voluntad popular y no ninguna fe concreta.
Y esa coherencia, aunque hoy parezca excepcional, debería ser lo normal.
Lo sucedido estos días retrata perfectamente el nivel de la política institucional actual: política de subsuelo, política del postureo, política vacía de principios donde importa más la fotografía, el titular y la estética del momento que mantener posiciones ideológicas sólidas y coherentes.
Mientras tanto, los problemas reales de la clase trabajadora siguen ahí. Vivienda imposible, salarios precarios, privatizaciones, juventud sin futuro y una extrema derecha creciendo al calor de la frustración social. Pero la prioridad del espectáculo institucional parece ser convertir el Parlamento en un escenario ceremonial para mayor gloria de los poderes tradicionales.
Y luego todavía se preguntan por qué tanta gente ya no cree en esta falsa izquierda institucional.
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