Por Victoriano Rodríguez Santos
Nov. 4/26.-La justicia de un país no se mide por la cantidad de personas que procesa o condena, más bien, por su capacidad de respetar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, especialmente cuando se trata de personas cuyas posiciones políticas, sociales o sindicales pueden resultar incómodas para quienes ejercen el poder.
El caso del dirigente sindical Jaime Caballero ha abierto un debate que trasciende su situación personal y nos obliga a reflexionar sobre un asunto esencial para nuestra democracia: ¿Estamos realmente garantizando verdaderamente el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la libertad?
El Movimiento de Unidad Nacional por Panamá (MUNAPP), mediante un comunicado público emitido este 2 de noviembre, ha expresado su respaldo a Jaime Caballero y solicitado una revisión judicial efectiva de su situación procesal, con especial atención a la proporcionalidad, necesidad y fundamentación de las medidas restrictivas de libertad.
Este pronunciamiento merece ser examinado con seriedad, porque no se trata de reclamar privilegios ni desconocer la autoridad de los tribunales. Se trata de exigir que el poder del Estado se ejerza dentro de los límites establecidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de Derechos Humanos.
Uno de los principios fundamentales del derecho penal moderno establece que toda persona debe ser considerada inocente mientras no exista una sentencia condenatoria firme.
La privación cautelar de libertad debe responder a circunstancias concretas, debidamente acreditadas y justificadas. No puede convertirse en una herramienta de castigo anticipado, presión psicológica o neutralización de dirigentes sociales.
La Constitución panameña y la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconocen garantías que deben respetarse, independientemente de la identidad del investigado o de la naturaleza de las acusaciones.
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Por ello, resulta legítimo preguntarnos si las decisiones judiciales que afectan la libertad de Jaime Caballero han sido suficientemente motivadas y si se han valorado adecuadamente las alternativas legales menos restrictivas.
Existe otro aspecto que merece especial atención: el deber de los tribunales de examinar y responder los argumentos sustanciales presentados por las partes. Escuchar a todos.
Una resolución judicial no solamente debe comunicar una decisión. También debe explicar de manera comprensible las razones jurídicas que la sustentan.
Cuando una defensa plantea argumentos relevantes sobre derechos fundamentales, resulta indispensable que estos reciban una respuesta razonada. La ausencia de un análisis suficiente puede generar cuestionamientos legítimos sobre la tutela judicial efectiva.
La independencia judicial no significa ausencia de crítica, por el contrario, en una sociedad democrática, las decisiones de los tribunales pueden y deben ser examinadas jurídicamente, siempre con respeto a las instituciones.
Panamá tiene una larga historia de luchas sociales y sindicales. Muchos de los derechos laborales que hoy disfrutamos surgieron precisamente de la organización y perseverancia de trabajadores que se atrevieron a levantar su voz, en consecuencia, el sindicalismo no puede ser motivo de discriminación.
Ser dirigente sindical no concede inmunidad frente a la ley, pero tampoco puede convertirse en una circunstancia que justifique un trato desfavorable, de persecución ni menosprecio.
Cualquier denuncia de persecución o discriminación por motivos sindicales deben investigarse con objetividad y sin interferencias políticas.
El Estado tiene la obligación de garantizar que las personas puedan ejercer sus derechos de asociación, expresión y participación social sin temor a represalias ilegítimas.
El comunicado del Movimiento de Unidad Nacional por Panamá (MUNAPP), plantea una posición que merece atención, ser escuchada y razonada. Defender las garantías constitucionales de Jaime Caballero equivale a defender las garantías de todos los panameños, hoy es Jaime, mañana puedes ser tu.
Hoy puede tratarse de un dirigente sindical. Mañana podría ser un periodista, un docente, un profesional, un empresario o cualquier ciudadano que necesite acudir a los tribunales para proteger sus derechos.
Por eso, la sociedad no debe permanecer indiferente ante los cuestionamientos serios sobre el uso de medidas cautelares y la calidad de la motivación judicial.
La confianza ciudadana en la justicia se fortalece cuando los tribunales actúan con transparencia, independencia, imparcialidad y absoluto respeto al debido proceso.
El caso Jaime Caballero debe servir para una reflexión nacional sobre el funcionamiento de nuestras instituciones judiciales, porque la libertad es un derecho, no una concesión del poder.
No corresponde a la opinión pública sustituir a los jueces ni determinar responsabilidades penales; pero sí corresponde a la ciudadanía exigir que las decisiones que afectan la libertad de una persona sean legales, necesarias, proporcionales y debidamente fundamentadas.
La justicia no debe ser complaciente con el poder, ni severa selectivamente con quienes lo cuestionan.
Jaime Caballero tiene derecho a ser juzgado conforme a la ley, a ejercer plenamente su defensa y a que cualquier restricción de su libertad responda a razones jurídicas suficientemente sustentadas, no a consideraciones ajenas al proceso.
Defender esos principios no es defender la impunidad. Es defender el Estado de derecho, porque cuando las garantías constitucionales de un ciudadano se debilitan, las libertades de toda la sociedad quedan expuestas.
La justicia debe inspirar confianza, no temor. La libertad debe ser protegida con la misma firmeza con la que se exige el cumplimiento de la ley. La justicia no puede convertirse en instrumento de intimidación. Soy el hijo de Juana. Dios te salve, Panamá.
Economista, educador, máster en Recursos Humanos.

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