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Chile: 23 años de cårcel para frenar un proyecto político que desafía al gran capital en Wallmapu

Chile: 23 años de cårcel para frenar un proyecto político que desafía al gran capital en Wallmapu

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Por Werkén 
Oct. 28/26.-Héctor Llaitul Carrillanca, histórico werken de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), fue condenado a 23 años de cårcel.

De ellos, 15 corresponden a delitos contemplados en la Ley de Seguridad del Estado, relacionados con sus declaraciones pĂșblicas.

Pero ÂżquĂ© existe detrĂĄs de esta condena? ÂżSe trata Ășnicamente de justicia o tambiĂ©n puede interpretarse como un intento de frenar un proyecto polĂ­tico que desafĂ­a los intereses econĂłmicos del gran capital forestal en Wallmapu?

Desde una lectura crĂ­tica, la condena contra Llaitul puede entenderse como algo mĂĄs que una sanciĂłn penal: como parte de una estrategia para debilitar un proyecto polĂ­tico que cuestiona la concentraciĂłn de la tierra y los intereses econĂłmicos instalados en territorio ancestral mapuche.

Como vocero de la CAM, Llaitul levantĂł una posiciĂłn autonomista que reivindica la reconstrucciĂłn nacional mapuche, la recuperaciĂłn territorial y la confrontaciĂłn, principalmente, con las grandes empresas forestales. Un proyecto que su organizaciĂłn ha buscado materializar mediante la recuperaciĂłn de territorios histĂłricamente reclamados por comunidades mapuche y acciones de resistencia y confrontaciĂłn, algunas de ellas sancionadas penalmente.

Aquí surge una cuestión de fondo: reconocer las reivindicaciones territoriales del Pueblo Mapuche también implica cuestionar enormes intereses económicos construidos sobre tierras cuya propiedad y legitimidad histórica siguen siendo objeto de controversia.

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En el juicio contra Llaitul también se utilizaron testimonios de personas cuya identidad se mantuvo bajo reserva. Su defensa cuestionó esta medida, sosteniendo que afectó el derecho a defensa y las garantías del debido proceso, al dificultar el examen de esos testimonios. La Corte Suprema rechazó posteriormente el recurso de nulidad presentado por la defensa y confirmó la condena.

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Este punto merece atenciĂłn. ÂżCĂłmo se garantiza plenamente el derecho a defensa cuando parte de la prueba proviene de testigos cuya identidad no se conoce? Es una pregunta especialmente relevante para el Pueblo Mapuche, considerando la larga historia de cuestionamientos al uso de este tipo de testimonios en procesos contra integrantes de comunidades y organizaciones.

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Existe también una responsabilidad política que no puede quedar fuera de este anålisis. La persecución judicial contra el werken se inició durante el gobierno de Sebastiån Piñera y continuó bajo la administración de Gabriel Boric, que amplió en 2022 la querella invocando la Ley de Seguridad del Estado.

El gobierno de Boric, respaldado por partidos de izquierda, defendiĂł pĂșblicamente el proceso que desembocĂł en la condena de Llaitul. Entre sus autoridades, la entonces vocera Camila Vallejo manifestĂł la posiciĂłn del Ejecutivo frente a las resoluciones judiciales. Para quienes vemos en este caso una expresiĂłn de persecuciĂłn polĂ­tica, resulta difĂ­cil dejar de cuestionar que una dirigenta comunista respaldara la actuaciĂłn de un tribunal cuya justicia es profundamente cuestionada por el Pueblo Mapuche.

Con la llegada de José Antonio Kast, esta política de seguridad no comenzó desde cero: encontró un camino previamente establecido. La continuidad del despliegue militar y las prórrogas del estado de excepción en Wallmapu muestran que, mås allå de las diferencias entre gobiernos, existen elementos de continuidad en la forma en que el Estado enfrenta las reivindicaciones territoriales mapuche.

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Pese al encarcelamiento, Héctor Llaitul se mantiene firme en sus convicciones y en la defensa del proyecto político que ha representado. Su situación también ha estado marcada por cuestionamientos al trato y a las decisiones de Gendarmería, que se remontan al período de Jaime Gajardo.

Mientras los gobiernos cambian y sus discursos se diferencian, las polĂ­ticas de seguridad frente al movimiento autonomista mapuche mantienen importantes elementos de continuidad.

Los tribunales establecen responsabilidades por delitos concretos. Pero eso no impide preguntarse por la dimensiĂłn polĂ­tica de una condena de 23 años contra quien representa uno de los proyectos autonomistas mĂĄs confrontacionales de las Ășltimas dĂ©cadas, en un contexto en que las injusticias contra el Pueblo Mapuche persisten.

Porque, si el encarcelamiento de Llaitul también busca debilitar ese proyecto, la pregunta sigue abierta: ¿cuånto de esta condena responde a los delitos juzgados y cuånto al temor que genera cuestionar el poder económico y territorial del gran capital forestal en Wallmapu?

 

 

 

 

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