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COOMUNICAR dice NO a la Ley de ajuste, la censura y SI al Paro Cívico 19N

COOMUNICAR dice NO a la Ley de ajuste, la censura y SI al Paro Cívico 19N

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Por J. Manuel Arango C.
Nov 12/26.-Como el bebé que apenas emergiendo de entre el vientre de su progenitora lucha por nacer, COOMUNICAR que apenas diitas de nacida y gateando aun; debió dar los primeros pasos en defensa de sus asociados y porque no del pueblo en general, ante la oleada de precios altos que se avizoran en los productos de la canasta familiar con la Ley del rescate o Reforma Tributaria promovida por el gobierno nacional; bombardeos indiscriminados en las regiones campesinas, la censura entre otros, para decirle SI al Paro Cívico Nacional del 19N

Apenas saliendo de la “pila bautismal” y recibir su cacheteada “recibiendo su nombre de COOMUNICAR en el presente mes, se pone al frente de sus afiliados ya que en sus objetivos están los de promover, fortalecer y articular a los distintos actores de la comunicación comunitaria, alternativa y popular en Bogotá, con el propósito de contribuir al ejercicio de la libertad de expresión, el derecho a la información, la diversidad informativa y el mejoramiento de las condiciones laborales, sociales, profesionales y de inclusión de sus asociados para una vida en
Prosperidad.

De ahí que ante el clamor de un pueblo y como garante de la comunicación, emite su primer comunicado, que transcribo a continuación.

 

Comunicado de prensa, noviembre 11 de 2026

Por la libertad de expresión, la justicia social, la vida y los territorios
campesinos, exigimos garantías al Gobierno Nacional

Como organización que agrupa y representa medios de comunicación alternativos, comunitarios e independientes, de Bogotá, manifestamos nuestra preocupación por una serie de decisiones y medidas recientes del actual Gobierno Nacional que comprometen nuestros derechos como comunicadores, las condiciones de vida del pueblo colombiano y las garantías democráticas que debe observar el Estado colombiano hacia sus ciudadanos.

1. Contra el ‘garrote tributario’
Rechazamos de manera categórica el enfoque de la denominada Ley de Rescate Económico, Proyecto de Ley 477 de 2026 radicado ante el Congreso de la República el 29 de octubre, porque es regresiva y sus disposiciones profundizan las desigualdades, asfixian a la clase media y los trabajadores, y trasladan nuevas cargas tributarias a los profesionales independientes y los hogares colombianos.

En particular, consideramos enormemente lesivas las siguientes medidas, en tanto que implican un deterioro de los ingresos y la capacidad económica de los comunicadores y comunicadoras que, a su vez, llevaría al cierre de un gran número de medios de comunicación alternativa, comunitaria e independiente, lo cual va en contra de las obligaciones constitucionales del Estado de garantizar la pluralidad informativa en el territorio nacional:

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• Asalto al salario y la clase media: Nos preocupa la ampliación de la base gravable del impuesto de renta para personas naturales, la reducción de topes en rentas exentas laborales, la eliminación de deducciones vitales, como la de dependientes, y la imposición de mayores cargas sobre los ingresos laborales, las cotizaciones en seguridad social y el consumo. Todas estas medidas van en contra del ingreso de la gente, mientras se plantea reducir gradualmente el impuesto de renta empresarial del 35% al 31%, lo cual solo terminará aumentando la desigualdad que ya impera en nuestra sociedad.
• Impacto en el empleo y contratistas: El proyecto contempla recortes a la inversión social y reducción de $44,6 billones en nómina estatal y contratistas, afectando profundamente a trabajadores independientes, comunicadores, artistas y gestores culturales. Además, busca limitar la exoneración de aportes parafiscales (SENA, ICBF) y los aportes en salud que pagan los patronos únicamente a salarios de hasta 2 SMLV, imponiendo un sobrecosto laboral del 13,5% por trabajador en salarios medios, castigando la contratación formal.
• IVA generalizado a la canasta familiar y servicios: Cuestionamos el desmonte de tarifas diferenciales del 5% para trasladar masivamente productos de consumo de los hogares, combustibles (gasolina y ACPM) e insumos agrícolas a la tarifa general del 19%, así como el alza generalizada de servicios esenciales de conectividad e Internet.
• Blindaje a la élite económica: Mientras se castiga al ciudadano de a pie, el articulado protege a los grandes capitales, manteniendo regímenes preferenciales como el de las Compañías Holding Colombianas (CHC) (Artículo 114), la estabilidad tributaria para Zonas Francas (Artículo 132) y gabelas fiscales por hasta 20 años para grandes proyectos de infraestructura y concesiones PINES (Artículo 150).

2. Crisis sectorial y exclusión de los medios comunitarios, alternativos, independientes y populares del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030

A estas cargas tributarias se suma la preocupante situación del sector reflejada en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2026-2030 ‘Colombia, la Patria Milagro’. Denunciamos que no existe un programa general de fortalecimiento para el conjunto de nuestros medios.
• Diagnóstico de precariedad: El estudio socioeconómico del DNP y MinTIC de octubre de 2026 confirma que el 50% de los medios comunitarios no están formalizados y que el 94% de sus gestores no logra cubrir sus gastos personales, percibiendo ingresos inferiores a un salario mínimo.
• Cero recursos: Los recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FUTIC) han sido reorientados exclusivamente hacia megaproyectos de red en zonas apartadas, habilitación para Inteligencia Artificial y 6G, una exigua cofinanciación de pequeños operadores ISP y la modernización de la televisión pública estatal (RTVC), dejando cero adiciones presupuestales para programas de fomento o fortalecimiento a los medios alternativos, comunitarios, independientes y populares.
• Eliminación del reconocimiento legal: El actual gobierno, a través de la Resolución 167 del 26 de agosto de 2026 de la Unidad Solidaria, suprimió injustificadamente el Registro Único de Medios Solidarios (RUMS), con el cual los medios digitales, impresos, sonoros digitales y audiovisuales de nuestro sector obtenían el único reconocimiento oficial a sus actividades que ha existido hasta la fecha. Luego de esto, no encontramos en las bases del PND ningún mecanismo de registro ni plataforma de fomento para el sector, dejando la formalización sujeta a trámites ordinarios y sin garantías de acceso equitativo a la pauta oficial, en cumplimiento de las obligaciones internacionales de Colombia en esta materia, en particular lo definido en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de
octubre de 2000.

Reclamamos que el Legislativo impulse una Ley de Medios que proteja a nuestro sector y al Gobierno Nacional una Política Pública de Comunicación Alternativa, Comunitaria e Independiente que lo fortalezca, como parte de las obligaciones pendientes por parte del Estado para fomentar la pluralidad informativa. Asimismo, hacemos énfasis en la necesidad de incluir dentro del Plan Nacional de Desarrollo acciones que garanticen la democratización de los gastos públicos de divulgación y la integración de recursos del Fondo FUTIC para el estableces programas y proyectos de fortalecimiento de este tipo de comunicación que reta la hegemonía de los medios tradicionales.

3. Libertad de expresión, derecho a la comunicación y garantías democráticas
COOMUNICAR rechaza toda forma de censura, intimidación, estigmatización o presión contra periodistas, comunicadores y medios independientes, alternativos y comunitarios, y alerta sobre la actual situación de persecución contra quienes ejercen su derecho a informar desde una posición crítica, independientemente de cuál sea la ideología del gobierno de turno.

El Artículo 20 de la Constitución y el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos garantizan a todo ciudadano el derecho a investigar, informar, denunciar y ejercer control ciudadano sobre los asuntos que se consideren de interés público. Sin embargo, en estos tres meses del nuevo gobierno, se vienen incrementando acciones que van en contra de que la ciudadanía disponga de una información transparente, veraz, rigurosa y plural que no se concentre en los grandes monopolios comunicativos del país.

En particular, consideramos muy preocupante la opacidad con la que se está manejando la información sobre la gestión pública de las entidades del Ejecutivo, el cierre o ‘reestructuración’ de las Emisoras de Paz y las restricciones al cubrimiento de ruedas de prensa y eventos oficiales, o a documentos oficiales, a medios o periodistas que mantienen su independencia o son críticos de las medidas del actual gobierno, yendo en contra de lo definido en la Ley 1712 de 2014 o ‘Ley de transparencia’.

En particular, llamamos la atención sobre la ‘orden de inspección judicial’ emitida por la Fiscalía el pasado 9 de noviembre contra Casa Macondo, medio que ha expuesto públicamente a través de sus investigaciones, entre otras cosas, que los ministros de Cultura y Relaciones Exteriores mintieron respecto a sus estudios en las hojas de vida que presentaron para posesionarse en sus cargos. Consideramos que esta medida, aunque se sustente en una denuncia del abogado Francisco Bernate por presuntas calumnias en su contra, busca socavar el derecho a la reserva de las fuentes periodísticas e intimidar a este y otros medios independientes, como los nuestros, en contravía de los Artículos 20 y 73 de la Constitución, que tanto la Fiscalía como el Gobierno Nacional están en obligación de cumplir.

Asimismo, llamamos la atención sobre una creciente tendencia a inducir al error a quienes informamos con la presentación de datos erróneos o afirmaciones tendenciosas en las comunicaciones de las entidades oficiales, especialmente en lo que toca los asuntos de seguridad.

En particular, rechazamos que las autoridades entreguen a los medios resultados operacionales de la Fuerza Pública que no corresponden con la realidad, se oculten afectaciones a civiles o presenten públicamente a personas capturadas como culpables, anticipando condenas e irrespetando no solo la presunción de inocencia y el debido proceso (Artículo 29 de la Constitución) sino el derecho de los colombianos y colombianas a recibir información veraz y verificable.

4. Defensa de la vida, las comunidades campesinas y sus territorios
COOMUNICAR rechaza que las operaciones militares en curso pongan en peligro, por acción u omisión, a la población civil en territorios afectados por el conflicto armado. Los campesinos, indígenas y afrodescendientes no pueden ser considerados objetivos militares por el solo hecho de vivir en zonas en que operan los grupos armados ilegales ni existe justificación alguna para hechos como los denunciados por la Defensoría del Pueblo tras bombardeos en el Catatumbo en agosto y operaciones en Nariño el 22 de octubre, que dejan un saldo de campesinos heridos y posibles menores de edad afectados. Exigimos respeto al Derecho Internacional Humanitario y rendición de cuentas al Ministerio de Defensa.

A esto se suma la pretensión del nuevo gobierno de retomar la política de aspersión indiscriminada de glifosato y el uso de pilotos con glufosinato de amonio sobre zonas en las que puedan existir cultivos de uso ilícito. Esto compromete la salud, los cultivos de subsistencia, las fuentes de agua y el futuro ambiental de estos territorios que, en general, corresponden a desiertos informativos en los que la población carece de medios de comunicación para dar a conocer su situación.

En este sentido, exigimos transparencia y mecanismos de verificación abiertos al escrutinio de la prensa sobre estas operaciones y recordamos que la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado debe dirigirse hacia los máximos beneficiarios de estas estructuras y no contra las comunidades rurales abandonadas por el Estado, privilegiando la sustitución voluntaria y la inversión social.

5. Respaldo al Paro Cívico Nacional del 19 de noviembre
COOMUNICAR expresa su respaldo al Paro Cívico Nacional convocado el 19 de noviembre por las centrales obreras y diversas organizaciones sindicales, sociales, populares, campesinas, indígenas y ciudadanas. Reconocemos la protesta pacífica como una expresión legítima de participación democrática y de expresión de la ciudadanía para lograr cambios en el país.

Invitamos a los medios alternativos, comunitarios e independientes a acompañar esta jornada a través del ejercicio periodístico y el ejercicio responsable de la información. En este sentido, exigimos a los ministerios del Interior y de Defensa garantías plenas para el derecho de reunión y manifestación pacífica (Artículo 37 de la Constitución), y para el cubrimiento de estas movilizaciones (Artículos 20 y 73 de la Constitución), y rechazamos cualquier acto de infiltración o violencia que busque deslegitimar el derecho de los colombianos y colombianos a protestar.

Consejo de Administración COOMUNICAR

 

 

 

 

 

 

 

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