Por Victoriano Rodríguez Santos
Sept. 16/26.-América Latina tiene el color del cielo, pero un aroma poco alentador. El devenir de las naciones producto del actuar arbitrario de quienes se creen dueños de la voluntad popular mantienen un nauseabundo y dantesco ambiente.
La población, mayoritariamente, no se siente representada por algunos dirigentes que mal gobiernan, auspiciados por quienes desde el siglo XIX mantienen la hegemonía política y económica de las naciones, aún contra la voluntad de la población.
La evolución social es prácticamente nula con relación a la económica, producto de quienes acumulan fortunas contra el bienestar de la población, donde Panamá no escapa a tal desdicha.
La Corte Suprema de Justicia de Panamá (CSJ) mediante Fallo, declaró inconstitucional el contrato de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y Hutchinson, empresa china y el presidente José Raúl Mulino, con respecto a ese Fallo expresó que: “… la decisión de la Corte es única, definitiva y final y toca acatarlo”.
De hecho, se acata el Fallo, pero se omite llegar a las últimas consecuencias o auditorias que permitieran conocer los posibles perjuicios para el país y los posibles beneficiarios, con sus responsabilidades penales y pecuniarias.
Hay quienes apuntan a que hubo mano siniestra desde el origen de ese contrato porque tiene condiciones y situaciones que vulneran la nación y al Estado panameño, razón por la cual la CSJ declaró ese contrato y sus secuelas con más de una docena de inconstitucionalidades.
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La ciudadanía tiene que cuadrarnos con posturas que tienden al beneficio de la nación, de todos los panameños, no de unos cuantos y fue lo observado.
Cuando se defiende un País, su territorio, comercio o soberanía, no se puede estar en bandos contrarios, aun cuando tengamos que unificarnos con opositores, porque cuando la Patria llama, a la Patria no se le ponen condiciones. Siempre la Patria es primero.
Los panameños hemos tenido múltiples luchas generacionales. Es inaceptable que, de fuera, ni una minoría interna, nos impongan voluntades o acciones contrarias a nuestras luchas, mismas que la población en las calles ha defendido.
Otro Fallo con más de 25 de inconstitucionalidades fue contra la Ley 406 de 2023. La población en las calles rechazó la minería metálica, dando como resultado ese Fallo de 27/11/23.
Dicho Fallo debe ser respetado por quienes gobiernan, razón por la cual hacemos acopio a las palabras del presidente Mulino con respecto al fallo de la Hutchinson: “… la decisión de la Corte es única, definitiva y final y toca acatarlo”.
Ese fallo contra la minería de 27/11/23 expresa y sentencia que:
“Realizada la ponderación de los valores constitucionales en colisión, este tribunal constitucional quiere reafirmar la regla de juicio que se convierte en mandato de optimización y que surge como resultado del análisis de la controversia constitucional, la cual es, que la protección del derecho a la vida, a la salud y al medio ambiente de las futuras generaciones, tiene prevalencia sobre cualquier otro derecho de naturaleza económica, incluyendo el derecho a la inversión.”
La determinación del presidente Mulino de querer abrir la mina, inclusive, ahora se impulsa la de Carro Colorado, es sumamente peligroso. Dirigentes aborígenes indican se les tiende a engañar o confundir, promoviendo congresos con foráneos de Cerro Colorado, situación que pudiere ser considerado como una rebeldía o intentar implementar exceso de poder del Ejecutivo por explotar minas y contra otros órganos del Estado.
Tengamos presente que la CSJ rechaza la minería dando prioridad a: “…la protección del derecho a la vida, a la salud y al medio ambiente de las futuras generaciones…”
En atención a ello, nos encontramos en una encrucijada. El gobierno respetará los fallos de la CSJ o la población tendrá, nuevamente, que empoderarse y tomarse las calles, aún con la persecución inmisericorde a dirigentes. Soy el hijo de Juana. Dios te salve, Panamá.
*Economista, educador, máster en Recursos Humanos
diostesalvepanama@yahoo.com
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