Por WerkĂ©nÂ
Oct. 28/26.-Héctor Llaitul Carrillanca, histórico werken de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), fue condenado a 23 años de cårcel.
De ellos, 15 corresponden a delitos contemplados en la Ley de Seguridad del Estado, relacionados con sus declaraciones pĂșblicas.
Pero ÂżquĂ© existe detrĂĄs de esta condena? ÂżSe trata Ășnicamente de justicia o tambiĂ©n puede interpretarse como un intento de frenar un proyecto polĂtico que desafĂa los intereses econĂłmicos del gran capital forestal en Wallmapu?
Desde una lectura crĂtica, la condena contra Llaitul puede entenderse como algo mĂĄs que una sanciĂłn penal: como parte de una estrategia para debilitar un proyecto polĂtico que cuestiona la concentraciĂłn de la tierra y los intereses econĂłmicos instalados en territorio ancestral mapuche.
Como vocero de la CAM, Llaitul levantĂł una posiciĂłn autonomista que reivindica la reconstrucciĂłn nacional mapuche, la recuperaciĂłn territorial y la confrontaciĂłn, principalmente, con las grandes empresas forestales. Un proyecto que su organizaciĂłn ha buscado materializar mediante la recuperaciĂłn de territorios histĂłricamente reclamados por comunidades mapuche y acciones de resistencia y confrontaciĂłn, algunas de ellas sancionadas penalmente.
Aquà surge una cuestión de fondo: reconocer las reivindicaciones territoriales del Pueblo Mapuche también implica cuestionar enormes intereses económicos construidos sobre tierras cuya propiedad y legitimidad histórica siguen siendo objeto de controversia.
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En el juicio contra Llaitul tambiĂ©n se utilizaron testimonios de personas cuya identidad se mantuvo bajo reserva. Su defensa cuestionĂł esta medida, sosteniendo que afectĂł el derecho a defensa y las garantĂas del debido proceso, al dificultar el examen de esos testimonios. La Corte Suprema rechazĂł posteriormente el recurso de nulidad presentado por la defensa y confirmĂł la condena.
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Este punto merece atenciĂłn. ÂżCĂłmo se garantiza plenamente el derecho a defensa cuando parte de la prueba proviene de testigos cuya identidad no se conoce? Es una pregunta especialmente relevante para el Pueblo Mapuche, considerando la larga historia de cuestionamientos al uso de este tipo de testimonios en procesos contra integrantes de comunidades y organizaciones.
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Existe tambiĂ©n una responsabilidad polĂtica que no puede quedar fuera de este anĂĄlisis. La persecuciĂłn judicial contra el werken se iniciĂł durante el gobierno de SebastiĂĄn Piñera y continuĂł bajo la administraciĂłn de Gabriel Boric, que ampliĂł en 2022 la querella invocando la Ley de Seguridad del Estado.
El gobierno de Boric, respaldado por partidos de izquierda, defendiĂł pĂșblicamente el proceso que desembocĂł en la condena de Llaitul. Entre sus autoridades, la entonces vocera Camila Vallejo manifestĂł la posiciĂłn del Ejecutivo frente a las resoluciones judiciales. Para quienes vemos en este caso una expresiĂłn de persecuciĂłn polĂtica, resulta difĂcil dejar de cuestionar que una dirigenta comunista respaldara la actuaciĂłn de un tribunal cuya justicia es profundamente cuestionada por el Pueblo Mapuche.
Con la llegada de JosĂ© Antonio Kast, esta polĂtica de seguridad no comenzĂł desde cero: encontrĂł un camino previamente establecido. La continuidad del despliegue militar y las prĂłrrogas del estado de excepciĂłn en Wallmapu muestran que, mĂĄs allĂĄ de las diferencias entre gobiernos, existen elementos de continuidad en la forma en que el Estado enfrenta las reivindicaciones territoriales mapuche.
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Pese al encarcelamiento, HĂ©ctor Llaitul se mantiene firme en sus convicciones y en la defensa del proyecto polĂtico que ha representado. Su situaciĂłn tambiĂ©n ha estado marcada por cuestionamientos al trato y a las decisiones de GendarmerĂa, que se remontan al perĂodo de Jaime Gajardo.
Mientras los gobiernos cambian y sus discursos se diferencian, las polĂticas de seguridad frente al movimiento autonomista mapuche mantienen importantes elementos de continuidad.
Los tribunales establecen responsabilidades por delitos concretos. Pero eso no impide preguntarse por la dimensiĂłn polĂtica de una condena de 23 años contra quien representa uno de los proyectos autonomistas mĂĄs confrontacionales de las Ășltimas dĂ©cadas, en un contexto en que las injusticias contra el Pueblo Mapuche persisten.
Porque, si el encarcelamiento de Llaitul también busca debilitar ese proyecto, la pregunta sigue abierta: ¿cuånto de esta condena responde a los delitos juzgados y cuånto al temor que genera cuestionar el poder económico y territorial del gran capital forestal en Wallmapu?
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